Empleada de cementerio municipal de Apopa condenada a seis años por estafar

La mujer recibía pagos y no los reportaba a las arcas municipales. 

El Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de cárcel a María Mendoza Centeno, de 63 años de edad; por el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 215 del Código Penal, en perjuicio de tres víctimas.

En la vista pública desfilaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público, además de la declaración de las víctimas, las cuales comprobaron el cometimiento del delito por parte de la imputada.

Según expediente judicial las víctimas se presentaron a las oficinas administrativas del Cementerio Municipal de Monte Sinaí, de Apopa, situado en el Cantón San Nicolás, con el objetivo de obtener un nicho para enterrar cada uno a su familiar fallecido.

La señora Mendoza Centeno quien era la administradora del Cementerio, les explicaba a los interesados cuales eran los planes de pago y la clase de nichos que había, luego les adjudicaba la parcela en el jardín Bienaventuranza.

Uno de los casos fue el 12 de enero de 2010, cuando le manifestó a la víctima que tenía que cancelar $19.31 y además $60 dólares en efectivo por derechos de enterramiento, los cuales fueron cancelados el mismo día, posteriormente se quedaría cancelando por once meses $ 19.31 más $3 dólares por mantenimiento del nicho. Al pasar del tiempo la víctima se presentó en enero de 2013 a la Alcaldía Municipal de Apopa a cancelar las cuotas atrasadas y fue entonces que se le informó que no tenía registro de haber adquirido ningún nicho, ni mucho menos que había una persona enterrada en ese lugar, por tal razón tendría que pagar nuevamente los $69.31 más los intereses que había acumulado a la fecha.

En el segundo caso 9 de julio de 2009, la víctima en las mismas condiciones pago $60 dólares a la imputada el día del hecho, regreso el 18 de agosto del mismo año y le cancelo $200 en efectivo, en concepto de pagos pendientes. Así mismo La tercera afectada pago la cantidad de $260.

En ambos casos también se dieron cuenta de la estafa años después al momento de presentarse a pedir  la cancelación de la parcela.

En este proceso se encontraban dos víctimas más, las cuales no se presentaron a la audiencia.

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