Ejecutivo advierte que declararar inconstitucional el presupuesto 2017 afectará a la población
El consejo de ministros del presidente Salvador Sánchez Cerén se pronunció la tarde de este miércoles ante la sentencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que declararon inconstitucional la Ley del Presupuesto General de la Nación 2017. En un comunicado de nueve puntos, los ministros del gabinete del presidente Salvador Sánchez Cerén acusan a la mencionada Sala de invadir una competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda, al declarar inconstitucional el presupuesto general de la nación del presente año.
En el comunicado se lee que la sentencia “tendrá implicaciones directas este año y en los venideros en servicios a la población y en la revisión de prestaciones laborales, que están amparadas en contratos colectivos, escalafones y otros”, dejando entrever que no acatarán los acuerdos laborales pactados con las gremiales de empleados del Estado.
Por otro lado, también se reprocha a los magistrados de la citada instancia que se recomiendan medidas únicamente por el lado del recorte del gasto y califican de “lamentable que la honorable Sala de lo Constitucional NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE LAS FUENTES DE INGRESOS del presupuesto”, insinuando que es necesario incrementar impuestos ya existentes y crear nuevos.
En un comunicado anterior el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reclamó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que no recomendaron tomar medidas por la vía de los ingresos para garantizar el equilibrio fiscal incrementando tributos ya existentes y creando nuevos que incluso son sugerencias de los organismos financieros multinacionales.
En el pronunciamiento el consejo de ministros increpó que “DE LOS GASTOS QUE A CRITERIO DE LA SALA SE HAN CONSIDERADO EXCESIVOS ELLOS LOS CONTEMPLAN EN SU PRESUPUESTO, TALES COMO: VIÁTICOS, COMPRA DE VEHÍCULOS DE LUJO, REPOSICIÓN DE FLOTA VEHICULAR, BONOS, INCREMENTOS SALARIALES E INCREMENTO DE PERSONAL”, demandando que ellos eviten incurrir en los mencionados gastos tal y como exigen del ejecutivo.
Los miembros del gabinete de gobierno de Salvador Sánchez Cerén se desligan de cualquier incumplimiento si no se acata la sentencia ya que “EL CUMPLIMIENTO de lo ordenado por la honorable Sala de lo Constitucional NO ES SOLO RESPONSABILIDAD DE ESTE ÓRGANO, SINO DE TODO EL ESTADO, y principalmente de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, que son, finalmente, quienes tienen que aprobar antes del 31 de octubre próximo las reformas mandatadas”, concluyen en el posicionamiento en torno a la mencionada sentencia.